La desesperación empuja a numerosos migrantes a pagar por un trámite que, en teoría, debería ser gratuito.
«Se aprovechan de la vulnerabilidad de miles de familias», denuncian expertos en la materia.
Los perfiles de quienes recurren al mercado negro de citas son variados, pero todos comparten un punto en común: la desesperación. Miles de personas migrantes, incapaces de obtener una cita en Extranjería a través de los canales oficiales, terminan pagando por un servicio público que no tiene coste alguno. La falta de información sobre la gratuidad de este trámite también juega un papel importante en este fenómeno.
Un sistema que deja pocas opciones
Algunos migrantes recurren a redes ilegales tras meses de intentos fallidos para conseguir una cita oficial. Otros, al llegar a España, son guiados por conocidos que les indican que este es el camino más rápido, según apuntan fuentes policiales. Un tercer perfil lo conforman aquellas personas con escasas habilidades tecnológicas, que no saben siquiera cómo intentar gestionar una cita en línea. «Es más sencillo acudir a un locutorio y pedir ayuda, aunque eso implique un costo», comentan migrantes asentados en Murcia.
Dramas reales y problemas estructurales
Lo que une a todos estos perfiles es que raramente denuncian a quienes operan estas redes ilegales. La complejidad burocrática, presente desde hace años, hace que muchas personas extranjeras en la Región no puedan completar los trámites necesarios para regularizar su situación.
En junio, varias organizaciones protestaron frente a la Oficina Única de Extranjería bajo el lema: ‘Sin citas, sin derechos’. Según el abogado Jawad Romaili, «muchos extranjeros reciben autorizaciones de residencia y trabajo, pero no pueden registrarse en la Seguridad Social porque necesitan una cita para que les tomen las huellas y emitir la tarjeta correspondiente». Esto genera auténticos dramas personales y sociales.
«El colapso del sistema de citas no solo afecta a trámites esenciales como la toma de huellas o las solicitudes de protección internacional, sino que también alimenta el fraude y la venta de citas», advierte Romaili.
El papel de las mafias y la inacción institucional
Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes (ATIM) en Murcia y vicepresidenta de ATIM España, denuncia que estas redes delictivas «se aprovechan de la vulnerabilidad de miles de familias migrantes». Yacoubi critica la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades, lo que permite que estas mafias sigan creciendo y operando con impunidad.
«Incluso existen mafias formadas por personas que trabajan en cuerpos oficiales de la administración», asegura Yacoubi, añadiendo que esto agrava aún más la situación.
A pesar de que las administraciones están al tanto de este problema, las soluciones no llegan. «Nos reunimos con la Delegación del Gobierno en Murcia hace más de un año para abordar la falta y la venta de citas, pero todo ha ido a peor», lamenta la presidenta de ATIM.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad urgente de que las autoridades tomen medidas efectivas para solucionar un problema que afecta tanto a las personas migrantes como al funcionamiento de la propia Administración.
